El órgano internacional exigió al Estado que garantice a la niña altagraciense el total acceso a la educación. Desde 2014 la familia Cuevas venía luchando contra la obra social Apross que, luego de años de asistencia, dejó de garantizar la cobertura total de Irene.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el pasado viernes 8 de julio una medida cautelar, mediante la que se exige al Estado argentino a que garantice los apoyos que sean necesarios para asegurar el desarrollo integral de la niña de 12 años.
Irene tiene 12 años y necesita el apoyo del Estado argentino para poder acceder al derecho a la educación, algo esencial para su desarrollo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha exigido a Argentina el proporcionarle a Irene los medios necesarios para que esto ocurra, respondiendo la solicitud tramitada por CEJIL y REDI.
En este sentido, la CIDH expresó que Irene precisa de acompañamientos terapéuticos que le permitan ir a la escuela, considerando que el Estado ha de adoptar las medidas necesarias para solventar esta situación, según explicaron en el portal web oficial del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), órgano que realizó diferentes presentaciones ante la CIDH, junto a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
“La educación tiene un rol esencial en el desarrollo de los niños y las niñas y el Estado tiene la obligación de garantizarles el acceso efectivo. En el caso de Irene, eso se traduce en darle de manera regular los apoyos necesarios para que pueda ir a la escuela”, explicó Liliana Tojo, directora de CEJIL para el Cono Sur y Bolivia.
En la misma dirección, Iñaki Regueiro De Giacomi, abogado de REDI, celebró que la CIDH “se haya hecho eco del reclamo de Irene y su familia”. “El objetivo de este trabajo conjunto de REDI y CEJIL fue llevar el derecho a la educación inclusiva, con todos los apoyos necesarios y obligatorios, hasta las máximas instancias de los sistemas de protección de derechos humanos”, manifestó.
La medida se da tras la solicitud en octubre del 2015, de informes al Estado por parte de la CIDH, sobre la situación de Irene. Hasta ese entonces el conflicto judicial en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, y las diversas manifestaciones en apoyo a Irene, por diferentes organismos, al igual que la fuerza de voluntad de sus padres Juan y Alicia,marcaron la historia de esta lucha.
Fuente: Diario Tortuga
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